ROI en Protección Ejecutiva: Justificando Inversiones en Seguridad

En el entorno de la seguridad corporativa, donde las amenazas a los directivos pueden variar desde ciberataques hasta agresiones físicas, la asignación de recursos para protección no es un mero gasto, sino un cálculo financiero preciso.

El retorno de inversión (ROI) en protección ejecutiva se activa cuando un alto impacto consecuencial —el daño que podría sufrir la organización si algo le sucede al ejecutivo — se combina con el riesgo al cual está expuesto , lo que determina la inversión en medidas de seguridad.
En términos simples, cuanto mayor sea el impacto consecuencial y el riesgo , más presupuesto se debe destinar a la protección, ya que el costo de no actuar superaría ampliamente el de prevenir.

Este enfoque no se aplica de manera uniforme a todos los ejecutivos dentro de una empresa; solo aquellos con la mayor importancia crítica reciben protocolos de protección ejecutiva integrales, mientras que los demás se benefician de medidas básicas sin llegar a constituir una protección ejecutiva completa.

Un caso que ejemplifica esta ecuación es el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare (división de UnitedHealth Group), ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en Nueva York. 5 Thompson fue abatido a tiros en un atentado calificado como terrorismo, perpetrado por Luigi Mangione. El impacto consecuencial fue inmediato y masivo: las acciones de la compañía cayeron un 5% en las horas siguientes, generando pérdidas millonarias; se intensificó el escrutinio regulatorio, y se erosionó la confianza pública, agravada por reacciones virales en redes que celebraban el incidente por frustraciones con el sector salud. Con un riesgo alto inherente a su rol en una industria polarizante y un impacto consecuencial devastador , el ROI para una protección ejecutiva integral habría sido evidente: invertir en inteligencia predictiva, contavigilanca , vehículos blindados etc habría costado una fracción de las repercusiones reales.

Una vez entendido el ROI, es crucial destacar la diferencia dentro de una misma organización entre la protección ejecutiva integral y las medidas generales de seguridad.

La protección ejecutiva integral se aplica exclusivamente a los ejecutivos donde el ROI se justifica plenamente: aquellos con alto impacto consecuencial y riesgo, como CEOs o líderes clave cuyo perjuicio podría paralizar operaciones globales, causar caídas bursátiles o crisis reputacionales etc. Para ellos, el esquema incluye estructuras completas, procesos preventivos y medios avanzados que anticipan ataques en fases tempranas, minimizan la exposición y reducen riesgos a niveles aceptables (bajos o medio-bajos). Esto se basa en tres pilares interconectados —amenaza (riesgo), capacidad financiera (recursos) e importancia crítica (TRI)— que, cuando alineados, liberan los fondos necesarios para un servicio exclusivo y efectivo.

En contraste, para otros ejecutivos de niveles intermedios o con impacto menor —aunque expuestos a riesgos similares—, el ROI no permite desplegar el esquema completo de protección ejecutiva. Aquí, las organizaciones cumplen con el “duty of care”, la obligación legal y moral de proporcionar un entorno de menor riesgo , mediante medidas generales como un chofer capacitado, vehículos con GPS (raramente blindados) o protocolos básicos de seguridad personal. Estos enfoques, que podrían denominarse “cuidados generales ejecutivos” (CGE) o “protocolos de soporte operativo”, mitigan amenazas cotidianas pero no logran bajar los riesgos a umbrales bajos ni anticipar ataques de manera proactiva, por lo que no califican como protección ejecutiva.

Confundir estos enfoques genera expectativas irreales y subestima las vulnerabilidades, ya que muchas veces se piensa que un solo chofer con un vehículo y GPS constituye la protección ejecutiva, y esto no es cierto. En cada organización debe existir una clara separación entre las medidas que constituyen la protección ejecutiva y aquellas que solo mitigan ciertos riesgos, y esta se define mediante el mencionado ROI.

En resumen, el ROI, calculado a partir de un alto impacto consecuencial y riesgo, determina la asignación de recursos en seguridad corporativa. Esta métrica asegura que la protección ejecutiva se reserve para quienes la justifican, mientras que el “duty of care” cubre al resto con medidas proporcionales. Reconocer esta diferencia optimiza presupuestos, gestiona expectativas y fortalece la resiliencia organizacional en un mundo cada vez más incierto.