El acoso a la presidenta Sheinbaum: México necesita una institución especializada de protección ejecutiva
05/11/2025
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Vamos a repetirlo una vez más: los agentes armados por sí solos no reducen los riesgos ni evitan asesinatos.
Los datos duros muestran todo lo contrario: en los últimos 39 meses en México fueron asesinados 31 protegidos y 42 de sus escoltas armados.
En un estudio global de 140 casos ocurridos en los últimos 125 años en 60 países, los agentes armados fueron efectivos únicamente en 3.57% de los casos.
Y, a pesar de esta evidencia, se sigue insistiendo en un modelo de protección obsoleto e inútil, mientras se siguen perdiendo vidas.
https://ivanivanovich.com/es/armas-de-fuego-en-la-proteccion-ejecutiva/
El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante un evento público y en presencia de sus escoltas, de la policía municipal y de los elementos de la Guardia Nacional asignados a su protección, es una muestra trágica —pero precisa— de lo que desde hace años denunciamos en el ámbito de la protección ejecutiva:
en México, y en gran parte del mundo, la seguridad de las figuras públicas se ha reducido a una coreografía de armas visibles y reacciones tardías.
El modelo operativo que domina la escena es reactivo, militarizado y carente de inteligencia preventiva.
En el caso de Carlos Manzo, la escena estaba completamente abierta.
El alcalde se encontraba entre la multitud, accesible desde todos los ángulos, en un entorno imposible de controlar.
Este tipo de tragedias no se explica por la habilidad o incompetencia de un escolta, sino por la ausencia de los cuatro pilares esenciales de la protección ejecutiva moderna:
La protección empieza mucho antes de que el protegido salga de su casa.
Sin información sobre quién podría atacar, con qué motivación y desde dónde, el operativo está ciego.
En Uruapan no hubo una estructura de inteligencia que anticipara el riesgo.
Si bien se sabía que el alcalde estaba en peligro, no existía información útil y procesable por parte del Estado que anticipara hechos concretos, como debería suceder en la protección de personas con niveles de riesgo ultraalto.
La protección que un aparato gubernamental debe proporcionar no son elementos de Guardia Nacional con armas largas que no sirvieron de nada, sino información operativa que permita la anticipación.
Todo ataque es precedido por observación hostil: alguien vigila, mide tiempos, fotografía, estudia rutinas.
Sin un equipo especializado que detecte esa vigilancia, el enemigo siempre conserva una ventaja insuperable.
La alerta temprana implica intervenir en la fase de despliegue que realizan los delincuentes minutos antes del ataque.
Este despliegue puede ocurrir en un punto de espera cercano al lugar por donde se sabe que pasará el principal —como en el reciente atentado contra el abogado David Cohen, cuando lo aguardaron a la salida de los juzgados—, o bien siguiendo al protegido mientras buscan la oportunidad de atacar, como ocurrió en este caso, donde los videos de CCTV muestran que el agresor siguió a Carlos Manzo durante varios minutos antes del asesinato.
Si los protectores hubieran conocido y aplicado las técnicas de detección de seguimiento, habrían podido intervenir antes del ataque.
Sin embargo, esto también fue dificultado debido a la falta del siguiente factor esencial: la logística del evento.
Todo evento que involucre a un protegido de riesgo ultraalto debe partir del entendimiento de que no se puede asistir a todo tipo de actos públicos, y mucho menos a aquellos que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad.
Si se decide asistir, el evento debe contar con un diseño operativo y logístico adecuado para reducir los vectores de aproximación, alargar los tiempos de exposición y dificultar el acceso del agresor.
Esto implica rutas de entrada y salida definidas, zonas seguras, canal seguro de movimiento, áreas de contención, agentes sombra y personal de confianza en los puntos estratégicos, control de aproximación etc.
Estas medidas habrían dificultado el seguimiento del atacante, facilitando su detección temprana o incluso habrían disuadido el ataque por falta de oportunidad para una ejecución efectiva.
En Uruapan, la logística era deficiente.
Aunque existían algunas vallas de seguridad, no estaban dispuestas estratégicamente para apoyar las tareas de protección.
El protegido permanecía rodeado de público, con puntos vulnerables en 360 grados.
La logística se diseñó para el evento… no para la supervivencia del protegido.
No existía ninguna arquitectura de seguridad que el atacante tuviera que superar.
En ese contexto, nada se puede hacer.
A esto se suma otro factor crítico: la falta de coordinación y mando.
En la seguridad del alcalde participaron elementos de seguridad municipal y de la Guardia Nacional, sin protocolo común ni autoridad central que unificara decisiones.
Tanto la policía municipal como la Guardia Nacional carecen de especialización en protección ejecutiva y, evidentemente, trabajaron de forma improvisada y empírica —los resultados hablan por sí mismos.
En protección ejecutiva, la falta de mando no es un detalle técnico: es una sentencia de vulnerabilidad.
En México, la protección de figuras públicas depende de estructuras policiales o castrenses de distintos niveles, generalmente entrenadas para combatir, no para prevenir.
La lógica militar reacciona ante un enemigo visible; la lógica de la protección ejecutiva neutraliza las amenazas antes de que se materialicen.
Por eso sostengo que México requiere con urgencia la creación de una Institución Nacional de Protección Ejecutiva y de Personas en Riesgo, dependiente directamente de los organismos de inteligencia, no del aparato militar ni de la policía.
Una entidad con doctrina civil, mando unificado y capacidades técnicas para:
• Integrar inteligencia, ejercer contrainteligencia y análisis conductual.
• Estandarizar protocolos logísticos, de contravigilancia , alerta temprana y dominio cognitivo
• Coordinar con fuerzas locales bajo un mando operativo único.
• Formar profesionales especializados en protección estratégica, no en reacción armada.
Solo una institución así puede evitar la actual fragmentación —donde todos protegen, pero nadie es responsable— y sustituir la improvisación por un sistema nacional de prevención, planeación y responsabilidad en la protección de personas en riesgo.
El caso Manzo no representa un fallo operativo aislado, sino un síntoma sistémico.
Mientras el país siga creyendo que seguridad equivale a hombres armados, la lista de víctimas seguirá creciendo.
La protección ejecutiva no consiste en “responder rápido”, sino en desactivar el ataque antes de que ocurra.
Y eso solo se logra con información, planeación y estrategia, no con rifles, convoyes o escoltas visibles.
Carlos Manzo fue asesinado frente a su equipo, frente al Ejército, frente al Estado.
No porque no hubiera protección, sino porque no había conocimiento, especialización, inteligencia, mando ni coordinación.
Hasta que se comprenda que la protección ejecutiva es una disciplina de anticipación, inteligencia, dominio cognitivo y logística protectiva, los atentados seguirán repitiéndose con el mismo guion y distinto nombre.
