En los últimos 14 meses, en México han sido asesinados 12 protegidos y 28 de sus protectores, convirtiendo la protección ejecutiva en una de las profesiones más mortales tanto para quienes la ejercen como para quienes la contratan. Ante esta situación, los responsables han cometido el error de tratar de aumentar el número y el armamento de los escoltas, sin comprender que un atacante decidido no se verá disuadido y que en una emboscada, la ventaja siempre está del lado del atacante y no del defensor. Esta estrategia equivocada ha llevado a lamentables hechos, como el ocurrido la semana pasada en Guerrero, México, donde dos mandos policiales y hasta diez escoltas armados con armas de alto poder fueron asesinados en una emboscada. Todo esto se debe a una comprensión errónea que resulta en una inversión equivocada.
Durante el EP Summit 2022 en la Ciudad de México, el reconocido director de seguridad corporativa del sector bancario, Fernando Gómez, planteó una pregunta crucial a sus colegas panelistas:
“¿Cuánto invierten, en términos porcentuales, en las medidas implementadas para evitar un ataque en comparación con las medidas implementadas para reaccionar en el momento del ataque?”
Esta pregunta es crucial, ya que proporciona la respuesta a todos los problemas que enfrenta la Protección Ejecutiva. Los presupuestos en nuestra profesión suelen gastarse en agentes, armamento, equipo, vehículos, respuestas a emergencias, blindajes y entrenamiento en armas y combate. Estas medidas ocupan la mayor parte de los presupuestos limitados con los que cuentan los responsables de seguridad.
Sin embargo, si analizamos estas medidas, nos damos cuenta de que todas se utilizan en el momento en que el ataque ya está ocurriendo: los agentes actúan cuando hay un ataque, las armas se utilizan en el momento de la agresión, lo mismo ocurre con el blindaje y la respuesta a emergencias, que obviamente se da en momentos de crisis. Además, el entrenamiento se centra únicamente en la respuesta en situaciones críticas. Algunos podrían argumentar que estas medidas son disuasorias y, por lo tanto, también preventivas. Sin embargo, a la luz de los hechos mencionados, es evidente que la disuasión en nuestro país tiene cada vez menos efecto.
Entonces, ¿cuánto del presupuesto se destina a medidas, herramientas y capacitación enfocadas en evitar que ocurran estos eventos?
La respuesta es nada o casi nada, y esto explica los trágicos resultados mencionados al inicio del artículo. Además, en todos los atentados ocurridos en los últimos cinco años en América Latina, desde los ataques contra Norberto Ribera y Omar García Harfuch en México hasta los asesinatos de Fernando Villavicencio y Agustín Intriago en Ecuador, es evidente la falta de inversión en inteligencia, contra vigilancia, alerta temprana, logística protectora y otras medidas de protección anticipada que podrían haber detenido estos ataques antes de que ocurrieran, lejos de las víctimas en tiempo y espacio.
Durante años, muchos en la protección ejecutiva han seguido el adagio de que “el santo que no es visto, no es adorado”, inferiendo que un sistema de protección debe ser vistoso para ser efectivo. Sin embargo, no existe ningún dato duro ni hecho científico que respalde este concepto. Por el contrario, a lo largo de los últimos 123 años en todo el mundo, la protección vistosa ha fallado prácticamente cada vez que ha sido puesta a prueba en condiciones reales, con resultados trágicos. Si continuamos invirtiendo únicamente en operativos vistosos enfocados en reaccionar en el último momento, seguiremos enviando a nuestra gente al matadero.
Claro que no quiero decir que no debemos invertir en medidas reactivas, porque por supuesto que sí debemos hacerlo. Cada medida debe ser aplicada después de un estudio previo que determine su necesidad. Sin embargo, quiero enfatizar que la inversión debe ser equilibrada, cubriendo tanto las medidas de prevención como las de reacción ante una agresión.
Medidas como la inteligencia, la contravigilancia y la alerta temprana son indispensables para desactivar las amenazas de manera anticipada. Estas medidas pueden implementarse de diversas formas, con un presupuesto mucho menor que el requerido para las medidas reactivas, y son mucho más efectivas y seguras.
El panorama trágico de la protección ejecutiva en México exige un cambio inmediato y radical en la forma en que la entendemos y operamos. Debemos enfocarnos en las medidas de anticipación y desactivación temprana de las amenazas, en lugar de esperar pasivamente una emboscada en la que las probabilidades de supervivencia son mínimas o nulas. Solo así lograremos que nuestra profesión sea más segura tanto para los protegidos como para los protectores.
