El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ha logrado reducir las bajas de sus efectivos en combate gracias a que, después de cada marine caído, se investigan las circunstancias de la muerte y se definen los errores cometidos durante el hecho, con el objetivo de evitarlos en el futuro. Lamentable, este no es el caso en la protección ejecutiva. Por años, tanto escoltas como protegidos han resultado heridos o muertos a causa de los mismos errores sin que nadie hiciera nada para enmendarlos.
Uno de los fallos más frecuentes, tanto de los usuarios como de algunos administradores de seguridad, es que, ante cualquier necesidad, suelen solicitar un chofer armado y montarlo en un vehículo sin blindar, considerando que, con esto, el problema queda resuelto de forma inmediata y, además, a un bajo costo.
Lo que se logra con esta medida es que el cliente, o bien el administrador de seguridad, se sienta tranquilo pensando que ya ha alcanzado cierta “seguridad”, cuando, en realidad, se expone a un peligro mucho mayor.
Para empezar, tener un chofer armado es muy cuestionable, desde el punto de vista de la seguridad (recordemos el caso del asesinato involuntario del ejecutivo de Izzi, Adolfo Lagos); ahora bien, tenerlo en un vehículo sin blindar resulta aún más grave.
En nuestras ciudades, el delito de robo a vehículo con violencia es uno de los más frecuentes, y, si en un muy probable asalto que el ejecutivo pudiera sufrir, el agente trata de repeler la agresión con su arma, todos se encontrarán en medio de una balacera, cuyos resultados siempre serán impredecibles. Es algo sumamente peligroso, ya que un riesgo “menor”, como perder un reloj, un celular o el vehículo, se convierte en un peligro más grave, como es el riesgo de perder la vida o sufrir daños físicos irreversibles.
Dos lamentables ejemplos de esta situación salieron en la prensa el año pasado. El primero sucedió el 29 de septiembre en Santa Fe, Ciudad de México, y el otro tuvo lugar el 22 de mayo en Guadalajara, Jalisco, cuando fue asaltada la escolta del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez. En ambos casos los protectores resultaron heridos; uno de gravedad.
Solicitar un servicio de protección ejecutiva, ya sea como usuario o como administrador de seguridad, implica una gran responsabilidad, ya que deben considerarse las vidas de las personas, y, por tanto, no puede ser tomado a la ligera el pedir lo que resulte más fácil o más barato.
Antes de implementar cualquier esquema de protección ejecutiva, es esencial realizar un estudio de seguridad sobre el cliente en todos sus ámbitos, el cual determinará las medidas necesarias para realmente reducir los riesgos, en lugar de aplicar medidas improvisadas que podrían generar un mayor peligro.