Lamentablemente, la protección ejecutiva es una profesión que, por lo regular, está basada más en usos y costumbres que en la razón y los estudios serios. Por tal motivo, sus prácticas, con frecuencia, resultan absurdas y peligrosas, y, a pesar de que continuamente se pierden vidas, no se ha hecho nada para dejar de improvisar o para abandonar sus malas prácticas.

Los operativos se implementan “porque siempre se ha hecho así” y no porque se tengan las bases para aplicar las medidas que se proponen. Uno de los absurdos más grandes y frecuentes en los que cae la protección ejecutiva es la implementación de agentes armados, sin un estudio de seguridad previo y sin alguna otra medida o estrategia adicional. Tales casos van desde la implementación de un chofer con pistola hasta una patrulla llena de agentes con armas largas.

A pesar de ser el más solicitado, este concepto raya en lo demencial, pues, al no incluir ninguna otra medida más que el arma, evidentemente, la propuesta es reducir los riesgos mediante una balacera. Sin embargo, la balacera en sí implica un grave riesgo en donde son vulnerables todos los involucrados. Se pone, pues, en evidencia que este concepto pretende mitigar el riesgo con más riesgo, lo que resulta tanto ridículo como peligroso. Si a esta situación le añadimos que las estadísticas señalan apenas una efectividad del 5.17 % de las armas de fuego en condiciones reales, tenemos claro que este concepto genera un falso empoderamiento, el cual funciona mientras no pasa nada, pero que, puesto a prueba, implica un grave peligro.

Es suficiente con revisar los casos que se han presentado solamente en el último año en los diferentes países de América Latina  (los cuales son de libre consulta en este mismo blog) para darse cuenta, con ejemplos claros, de la gravedad en la que cae el absurdo del mencionado concepto.

La protección ejecutiva no es el salvaje Oeste; es un conjunto de medidas que tiene como objetivo reducir la exposición del ejecutivo al riesgo y desactivar los ataques en su fase de preparación; y tampoco es un enfrentamiento armado que pretende salvar al protegido de escenas dramáticas, como ocurre en las películas.

Por supuesto, no quiero decir que debamos prescindir de las armas en esta profesión; pero hay que ser muy claro: el armamento será implementado en los operativos siempre y cuando un estudio serio y profesional señale que es necesario, y solamente si va en conjunto con otras medidas y estrategias que eviten la exposición de ejecutivo al riesgo.

El arma puede ser utilizada como un último recurso, pero jamás como el único, cosa que lamentablemente sucede con demasiada frecuencia. Solamente así podemos tener una profesión más segura tanto para los ejecutivos como para los protectores.