Uno de los grandes retos de la protección ejecutiva es mantener un equilibrio entre la efectividad operativa y el costo/beneficio de su aplicación. Las empresas privadas y los grandes corporativos continuamente buscan reducir costos, sin embargo, con frecuencia, los esquemas operativos terminan mutilados y, por ende, resultan poco efectivos.
No podemos ahorrar presupuesto al mismo tiempo que elevamos el riesgo al que se expone el ejecutivo, cuya seguridad nos fue confiada; pero, tampoco podemos derrochar recursos en esquemas operativos cuya efectividad resulta cuestionable.
El gran problema de la protección ejecutiva tradicional, basada en la disuasión y en la reacción, es que fue operativa y financieramente insostenible. En términos generales, para disuadir a algo más que a un asaltante callejero común, en el esquema tradicional, se requería de, por lo menos, dos escoltas armados, lo que implicaba, aparte del vehículo principal, un vehículo escolta y dos choferes más, uno para la unidad principal y otro para la patrulla; cuatro agentes en total, mínimo. Si calculamos solamente el costo de los salarios, las armas y la depreciación de la patrulla, yéndonos por un precio mínimo relativamente viable (sin contar el valor del vehículo principal), el costo anual de este esquema, a groso modo, superaría los dos millones de pesos mexicanos (aproximadamente 100 000 dólares americanos), sin contar los aguinaldos, los gastos de equipos varios, uniformes, comunicaciones, capacitación y adiestramiento, registro de los elementos ante las respectivas autoridades, las utilidades de la empresa de seguridad (si fueron contratados a través de una), finiquitos y liquidaciones (si se genera rotación del personal), centro de control, GPS, etcétera.
Vemos que se trata de un costo sumamente elevado, pero si a esto le agregamos que dicho sistema de trabajo, basado en la reacción y en la disuasión, de acuerdo con los estudios, tiene solamente un 5 % de efectividad en condiciones reales, queda claro que el costo/ beneficio de este esquema simplemente no existe.
Afortunadamente, la protección ejecutiva moderna, basada en la inteligencia, contravigilancia y alerta temprana, resulta mucho más efectiva y económica, ya que, para el equivalente al caso anteriormente mencionado, solamente se necesitaría de un chofer ejecutivo y un agente de alerta temprana en una moto, mientras que las tareas de inteligencia y contravigilancia periódica serían confiadas a empresas especializadas sin generar gastos fijos. Todo el esquema apenas llegaría a la mitad de lo presupuestado en el esquema tradicional mencionado y, además, se tiene la ventaja de poder desactivar los posibles ataques mucho antes de que ocurran, sin exponer al ejecutivo a los riesgos que implica la reacción, proveyendo, a su vez, un servicio discreto que cuida también de la imagen de la organización y que reduce la exposición del ejecutivo al riesgo.
Algunos podrían decir que sería todavía más barato tener solamente un chofer escolta; sin embargo, existe el amplio consenso entre los expertos de que un solo conductor, por capacitado que esté, no puede reducir los riesgos a un nivel deseado para que este concepto pueda ser llamado protección ejecutiva. Esto lo demostró de forma lamentable el asesinato del empresario mexicano Martín Rodríguez, en enero del año pasado.
Es por tal motivo que el concepto de protección ejecutiva moderna, basado en la detección temprana de las amenazas y en la reducción de la exposición del ejecutivo al riesgo, es operativamente mucho más efectivo que el sistema tradicional, mucho más económico y, también, más seguro tanto para los protegidos como para los protectores.
