Me considero escéptico en cuanto al uso de armas en la protección ejecutiva, no porque piense que no sirvan, sino porque su limitada efectividad está sobredimensionada y, a menudo, generan más problemas que soluciones.
Ejemplo de ello son dos casos ocurridos en menos de un mes: uno en Argentina y otro en México. El primero de ellos ocurrió el 14 de noviembre pasado, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante un acto político del economista Javier Milei, cuando un agente de seguridad amenazó con sacar su arma en contra del público. El otro tuvo lugar el 5 de diciembre de este mismo año, durante el concierto del Grupo Codiciado, en Mexicali, Baja California, en donde un escolta disparó su arma después de alegar con un fan y golpearlo, cuando este buscaba tomarse una fotografía con Erick Aragón, vocalista del grupo.
Afortunadamente, en ambos casos, no ocurrió una tragedia; sin embargo, se ha generado una mala imagen, no solo para las personalidades que estos agentes protegían, sino para todos los profesionales quienes nos desempeñamos en esta noble actividad. Imagen que, por otro lado, ya venía golpeada por varios escándalos en las redes sociales durante los últimos años.
Muchos colegas me comentan que es mejor portar un arma para que sea usada “cuando se necesite”, pero el gran problema es cómo podemos ver y cómo podemos saber cuándo se necesita realmente, pues, para esto, se requiere de una sólida formación profesional. Lamentablemente, muchos de los protectores están formados con los cursos que se basan más en las películas de acción que en la realidad, “entrenamientos” en donde se presenta al arma como la única solución a todos los problemas que puedan surgir. Los tristes resultados de esta capacitación son evidentes en estos dos casos.
El entrenamiento en protección ejecutiva debe ser regido por la regla 45-45-10; es decir, 45 % del tiempo de entrenamiento debe estar enfocado en dominar los conocimientos y habilidades que se utilizan en el trabajo diario de un protector; otro 45 % debe estar centrado en dominar aquellas estrategias y prácticas que nos permitan evitar situaciones de riesgo, mientras que el 10 % restante se debe emplear en el manejo de emergencias.
Los protegidos, particularmente aquellos que son figuras públicas, deben tener en cuenta qué clase de formación tienen sus protectores, si realmente valoran su imagen, su situación legal, así como su integridad física.
