El acoso a la presidenta Sheinbaum: México necesita una institución especializada de protección ejecutiva
05/11/2025
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El reciente incidente de acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum, ocurrido en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México y frente a su equipo de ayudantía, no solo evidencia una falla momentánea en el dispositivo de seguridad presidencial: revela una profunda carencia institucional que México arrastra desde hace casi una década en materia de protección de altos ejecutivos y líderes en riesgo.
Más allá del morbo mediático o la indignación social, este hecho debe analizarse desde la óptica técnica de la gestión del riesgo de funcionarios en entornos públicos.
Lo que vimos no fue un simple error de un protector, sino el reflejo de un sistema inexistente, sustituido por un modelo simbólico, desarticulado y sin doctrina, que no ha evolucionado al ritmo de las amenazas contemporáneas ni se ha estructurado conforme a las necesidades de alto riesgo que enfrenta el país.
El agresor no portaba armas, no intentó atentar contra la vida de la mandataria y fue detenido horas después (aunque debió ser intervenido de inmediato, al tratarse de un caso en flagrancia que requería evaluación de amenaza en tiempo real —threat assessment—).
Sin embargo, el simple hecho de haber logrado aproximarse físicamente a la presidenta, pese a la presencia de un dispositivo de ayudantía, constituye una vulnerabilidad crítica.
Un ataque con otra motivación —una agresión física, un arma blanca o un ataque con ácido— habría tenido consecuencias muy distintas.
En términos técnicos, se trata de una falla sistémica, agravada por la ausencia de alerta temprana y detección de amenazas.
El sistema intervino después del contacto físico, no antes. Y en protección ejecutiva, detectar después equivale a fracasar.
Desde hace años, la llamada Ayudantía Presidencial se ha presentado como una alternativa simbólica al extinto Estado Mayor Presidencial. Sin embargo, más allá del gesto político, el modelo carece de doctrina, capacitación homologada y protocolos de evaluación de riesgo- como resultó evidente.
Estos equipos suelen conformarse con personal de confianza o colaboradores cercanos, su función principal es más acompañar, que proteger.
En el caso de la presidenta Sheinbaum, esa vulnerabilidad quedó expuesta públicamente: el sistema de protección no logró anticipar, disuadir ni contener una amenaza de bajo nivel.
Es comprensible la decisión política de haber desmantelado el antiguo Estado Mayor Presidencial, una estructura obsoleta en varios aspectos.
Pero lo que debía hacerse al eliminarlo era crear algo mejor: una institución moderna, profesional y técnica, acorde con los riesgos del siglo XXI.
Hoy México carece de una institución civil, profesional y técnica dedicada exclusivamente a la protección de personas en posiciones críticas o con riesgo ultraalto, como fue el caso del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, asesinado recientemente en Michoacán frente a su equipo y a elementos de la Guardia Nacional.
En muchos países con alto riesgo político o criminal existen centros nacionales de entrenamiento y certificación que establecen doctrinas, estándares y procedimientos para la protección de funcionarios, diplomáticos y líderes corporativos.
El incidente de Sheinbaum debe ser un llamado urgente para crear una Agencia Nacional de Protección Ejecutiva, dependiente de los organismos de inteligencia, capaz de integrar doctrina, capacitación, inteligencia y operaciones bajo un marco legal moderno, discreto y efectivo.
Una institución que forme personal calificado en detección conductual, contravigilancia, manejo de masas, logística protectiva y alerta temprana. La seguridad ejecutiva moderna no se basa en escoltas musculosos ni en símbolos de poder. Se basa en anticipación, discreción, inteligencia y dominio cognitivo del entorno.
El acoso a la presidenta Sheinbaum no fue un ataque planeado, pero fue un recordatorio doloroso: México sigue sin entender la protección ejecutiva como una disciplina estratégica de Estado.
Mientras no exista una institución nacional dedicada a la protección ejecutiva, seguiremos dependiendo de reflejos individuales y de improvisación, en lugar de ciencia, doctrina e inteligencia aplicada.
Y en un país con los niveles actuales de violencia y polarización eso no es solo un error operativo: es una vulnerabilidad nacional.
Porque proteger a quien gobierna no es un privilegio: es una cuestión de estabilidad del Estado.
